Según se tratara en reunión de asamblea de la Fenapru, celebrada el día 29 de febrero recién pasado, uno de los temas prioritarios, a raíz de la actual sequía que afecta a nuestro país, es comenzar a solicitar a la autoridad se realicen todos los cambios necesarios al actual Código de Aguas para hacerlo más equitativo y más humano. Se puede argumentar que esta no es una alternativa válida que permita en el mediano plazo mejorar el acceso al agua de algunas comunidades rurales del país. Se podría decir, que sólo la última modificación al actual código, demoró más de diez años y que esta vez no sería la excepción.

Dada la actual crisis, que además de afectar al sector agrícola chileno, está afectando en forma importante a muchos servicios de agua potable rural, que según nos informara la autoridad en los últimos días de febrero, afectaba ya a 166 sistemas, incluyendo a dos Comités de la Duodécima región: Dorotea y Huertos Familiares y uno en la Undécima Región ubicado en Islas Huichas, Puerto Aguirre. Increíble, ¿verdad? zonas con muchas precipitaciones durante el año y con grave carencia para sus habitantes.

Otro caso emblemático, es el de la comunidad de San Pedro en Melipilla, lugar situado dentro de una de las cuencas cerradas por la autoridad y desde donde ya no es posible hacer pozos  profundos para que los habitantes de este lugar hagan usufructo. Sin embargo, en esa área existen empresas agroindustriales que tienen sus propios pozos de agua y con sus derechos de agua constituidos legalmente.

En la IV Región, comuna de Los Vilos, se vive una situación que no es muy distinta del caso que queremos exponer, intentamos sensibilizar e informar  a la ciudadanía sobre la perentoria necesidad de modificar el texto del Código de Aguas para que entregue algunas prerrogativas  o haga distingos del agua requerida para el consumo humano de la que es empleada para la producción de bienes y/o servicios. Hablamos de la localidad de Caimanes, que teniendo sus derechos de aguas constituidos a su nombre, se les intenta arrebatar, interviniendo el curso superficial desde donde extraen el agua, por la Minera Los Pelambres.

En el texto que exponemos a continuación, publicado el día 13 de marzo del presente, el Director General de Aguas, expresa claramente que este vital elemento no tiene privilegios, es decir, la actual normativa no distingue del agua para consumo humano, del agua que es empleada con fines productivos.

Por todo ello, solicitamos a nuestros parlamentarios, a la Dirección General de Aguas, a la Dirección de Obras Hidráulicas, reestudiar, revisar  la normativa para que permita a muchos chilenos tener una mejor calidad de vida. También considerar una mayor asignación de recursos para efectuar todas las inversiones que requieren estos sistemas ubicados en las localidades declarados en emergencia.

EL DIARIO FINANCIERO...

Gobierno arremete contra Endesa y dice que aguas no tienen privilegio

(Publicado : 12/3/2008, 5:0 horas)

Jéssica Esturillo O.

El director general de Aguas, Rodrigo Weisner, dijo que este enfoque impide dar prioridad al uso eléctrico del agua.

“El Código de Aguas fija que no hay diferencias ni privilegios en el uso del agua, inclusive para el agua potable y por eso no puede ser que la generación eléctrica pretenda tener una prioridad”.

Este es el argumento central de la respuesta con la que el gobierno, a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE), enfrentará la demanda que Endesa Chile presentó para evitar que el control y administración de sus embalses pasen a manos de las juntas de vigilancia.

Así lo indicó Rodrigo Weisner, director general de Aguas, organismo que junto a la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), ambas dependientes del Ministerio de Obras Públicas, elaboró el documento que presentará ante el Tercer Juzgado Civil, donde la causa está radicada.

- ¿Cuál es la posición del Estado en esta demanda?

-Nuestro argumento central se basa en que el Código de Aguas no establece diferencias respecto de unos usuarios y otros, mucho menos contempla privilegios, lo que quedó establecido en el texto de 1981, que fija un sistema de mercado y somete a reglas comunes a todos los que tienen derechos de aprovechamiento de aguas.