RESUMEN

El propósito del presente trabajo es evaluar el efecto redistributivo de un sistema de tarifas sociales del agua potable, comparado con el actual modelo de subsidios estatales directos a la población de menores ingresos.

Se busca determinar una asignación de precios sociales tal que permita una operación no deficitaria, usando un modelo matemático basado en conceptos de la economía del bienestar. Se evalúa un esquema de cobro diferenciado de la tarifa, según el ingreso de los clientes en la ciudad de Arica, Chile y su impacto teórico en la redistribución del ingreso en los consumidores. De los resultados de esta investigación se concluye que las tarifas sociales presentan una leve ventaja sobre los subsidios directos en términos redistributivos, sin embargo aparecen externalidades indeseables, que introducen distorsiones al mercado, las que podrían anular cualquier redistribución significativa.

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se desarrolla una revisión crítica del modelo basado en tarifas sociales y sus resultados a la luz del actual estado del arte. Se continúa una investigación realizada por Viera [1] quien propone pobres es ampliamente aceptada como parte del rol subsidiario del Estado. Por ello se tiende a compensar mediante ayuda directa o indirecta, parcial o total, los gastos periódicos básicos de importancia vital para las familias de los estratos más pobres, así existen diversos subsidios tales como las pensiones asistenciales, atención gratuita de salud para indigentes, etc. En este marco se encuentran las ayudas gubernamentales para el pago de servicios básicos tales como el agua y la energía eléctrica.

Estas ayudas basan su pertinencia en la idea que existen ciertos objetivos sociales deseables tales como: una distribución más equitativa del ingreso, reduciendo la brecha entre ricos y pobres; mejorar las condiciones de salubridad de la población en general; y mejorar las condiciones de vida de los más pobres de modo que puedan tener más acceso a las oportunidades. Ese es el propósito de tender a la cobertura universal del acceso a los servicios básicos. Al mejorar su capacidad de pago, los pobres verán liberada una parte de su ingreso, la que podrán usar para buscar mejores oportunidades.

Para estos propósitos existen dos mecanismos principales: el primero es una tarificación única igual para todos, complementada con la entrega de un subsidio estatal directo a descontar en la cuenta de las familias pobres; el segundo consiste en implementar un sistema de tarifas diferenciadas donde las familias pobres pagan menos y las familias ricas pagan tarifas incrementalmente mayores, de modo que el mayor importe de los segundos cubre el menor importe de los primeros.

Este segundo mecanismo se basa en la idea que las familias consumen más a medida que su ingreso es más alto y por ello es justo que hagan una mayor contribución. Ambos sistemas apuntan al mismo efecto con la diferencia que los subsidios directos son financiados por el Gobierno con los ingresos generales de la nación, mientras que en las tarifas sociales la contribución a las familias pobres es financiada por los usuarios de mayores ingresos a través de un esquema de tarifas diferenciadas y progresivamente crecientes, de acuerdo al nivel socioeconómico. Lo que pretende este estudio es determinar en qué medida la aplicación de un sistema de tarifas diferenciadas mejora las diferencias de distribución del ingreso en las familias y cómo afectaría al mercado y a los ingresos de la empresa proveedora del servicio.

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