Las organizaciones comunitarias de agua potable rural en América Latina: un ejemplo de economía substantiva Imprimir
Miércoles, 22 de Agosto de 2018 14:09



Resumen: En las zonas rurales latinoamericanas, organizaciones comunitarias son responsables de otorgar el servicio de agua potable a sus miembros. A partir del caso chileno, el artículo demuestra que los sistemas comunitarios rurales se fundamentan en una economía substantiva que genera una territorialización y patrimonialización del agua. En un contexto de privatización y mercantilización, los comités se ven afectados o transformados, asimilándose a modos de administración capitalistas privados. Sin embargo estrategias y solidaridades locales, nacionales y transnacionales emergen para defender su forma de producir el agua potable alternativa.


 

Introducción

Si históricamente las grandes ciudades latinoamericanas han sido abastecidas en agua potable por empresas públicas o privadas, las poblaciones rurales han creado sistemas de abastecimientos autónomos a partir de organizaciones comunitarias ya existentes (Mantilla, 2011;Lockwood, 2002). En la actualidad, estas organizaciones comunitarias de agua potable rural se encargan de la administración y del mantenimiento de los sistemas de agua potable rurales y/o del saneamiento (CLOCSAS, 2012). Existen más de 80 000 organizaciones formales quienes entregan agua potable a más de 40 millones de personas (Vagliente, 2011). Las Juntas de Agua y Comités de Desarrollo Comunitario de El Salvador, las Juntas Administradores de Acueductos Rurales de Panamá, las Asociaciones de Acueductos Comunales de Costa-Rica, las Juntas administradoras de Agua Potable de Ecuador, o las comunidades de agua de Venezuela forman una alternativa a sistemas municipales y públicos. En México, Honduras, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Nicaragua y República Dominicana los sistemas comunitarios, coexisten con sistemas privados, públicos o municipales. En Chile, los comités y cooperativas de Agua Potable Rural (APR) representan una alternativa a la privatización de zonas urbanas. Este artículo demuestra en qué aspectos los sistemas comunitarios constituyen una alternativa de producción del agua potable con respecto a los sistemas públicos, municipales o privados.

Las organizaciones comunitarias son organizaciones sin fines de lucro, conformadas por los habitantes de una localidad rural concentrada, cuyo objetivo es abastecer en agua potable a sus miembros, respectando los criterios de calidad, continuidad y asequibilidad del servicio. La directiva de las organizaciones tiene que captar, potabilizar y administrar el servicio de distribución, y en algunos casos recaudar y tratar las aguas servidas - aunque es mayoritario el uso de un pozo negro o fosas sépticas-. Su particularidad reside en el funcionamiento democrático interno: las decisiones se toman en asamblea, la cual elige a un directorio por un mandato anual. La tarifa del agua, fijada por la asamblea o la directiva, permite cubrir los gastos en inversiones de mantenimiento y extensión de redes. Poseen una concesión de uso de los recursos hídricos, respetando los códigos de agua o leyes de agua nacionales.Los sistemas son creados bajo una iniciativa colectiva local,un programa nacional o una Organización No Gubernamental (ONG). Las formas de gestión son muy variablesen función de las capacidades de funcionamiento internas, las realidades sociales y culturales de la comunidad y sus condiciones de formalidad o informalidad.

Las organizaciones comunitarias de agua adquieren una importancia particular a partir de los años 1990 y 2000 en un contexto de promoción de los principios de descentralización y de participación, y del surgimiento de la «cuestión medioambiental”(Lankao, 2007). La gobernanza “local”“democrática” o“participativa” del agua ha sido objeto de estudios que insisten en las modalidades de coordinación entre actores públicos, privados y comunitarios para definir e implementar la acción pública (Hugon, 2007).

Algunas investigaciones, con un enfoque neo-institucionalista económico (Saavedra, 200; Bravo, 2011)identifican los criterios necesarios a una “buena gobernanza”: reducir los costos de instalación del servicio de distribución, la corrupción y respetar el principio de participación.Se interrogan sobre las modalidades de financiamiento y formas de alcanzar economías de escala para mejorar la cobertura de agua potable en zonas rurales o periurbanas (Revollo &Giovanna; 2010).Se acercan al neo-institucionalismo económico (NIE) (Hall, Rosemary &Taylor, 1997; Billaudot 2004) - adoptandouna lectura economicista por la NIE o IER-,centrándose en el rol de los contratos, los costos de transacción y otros instrumentos incitativos para orientar los comportamientos de los actores supuestamente motivados por una racionalidad instrumental. Adoptan una visión normativa de la gobernanza dando la impresión de que las interacciones entre los actores es pacífica y consensual y que los sistemas se desarrollan de forma uniforme y sincrónica en todas partes(Saavedra,2009)...

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