AGUA EN CHILE: Diagnóstico en 4 territorios y propuestas para enfrentar la crísis hídrica Imprimir
Domingo, 17 de Abril de 2016 20:30

INTRODUCCIÓN

a. Marco legal para el uso de agua dulce en Chile.


El agua dulce es un elemento vital para la vida humana y es un bien finito, cada vez más escaso a nivel mundial, especialmente en los ecosistemas de zonas áridas, semiáridas y mediterráneas, tal como el norte y centro de Chile.
En nuestro país, el Código de Aguas de 1981 considera este vital elemento como un bien nacional de uso público y a su vez un bien económico que puede ser transable en el mercado. Esto significa que el agua se reconoce como un patrimonio colectivo de todos los chilenos, sin embargo su aprovechamiento y gestión quedan amparados por las garantías constitucionales del derecho de propiedad1 y bajo los criterios del mercado.


El Código de Aguas establece dos tipos de derechos de aprovechamiento de agua: el uso consuntivo y el uso no consuntivo. El uso consuntivo se refiere al consumo de aguas que no pueden ser reutilizadas (p.e. agricultura, minería, industria y consumo humano) y el uso no consuntivo se solicitan para utilizar el agua y luego devolverla al curso de origen en la misma cantidad y calidad (p.e. hidroelectricidad y piscicultura).
Bajo este régimen la Dirección General de Aguas (DGA), institución del Estado a cargo de la gestión del agua en Chile, concede a entidades privadas los derechos de aprovechamiento de uso de agua gratuitamente y a perpetuidad, situación única en el mundo.
Una vez promulgado el Código de Aguas, la escasa información en los respectivos territorios sobre los mecanismos para obtener los derechos de aprovechamiento de agua, permitió que en menos de una década los grandes grupos económicos dueños del sector eléctrico, minero y agrícola exportador concentraran la propiedad de los derechos de aprovechamiento del agua, en perjuicio del acceso a este bien para los habitantes rurales.
El actual Código de Aguas separa la propiedad del agua de la propiedad de la tierra, lo que impacta directamente a los habitantes rurales que no poseen los derechos de aprovechamiento consuntivo del agua que corre por sus propios terrenos.

 

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