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Red de Cooperación en la Gestión Integral de Recursos Hídricos para el Desarrollo Sustentable en América Latina y el Caribe
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Lunes, 10 de Octubre de 2011 23:20

A nivel mundial, entre el 20 y 40% del dinero que circula en el sector hídrico se pierde por causa de la corrupción. Se trata de una práctica que, además de ser moralmente reprochable, tiene nefastos efectos sobre la población, especialmente la más vulnerable.

Esto se debe a que afecta la salud y vida de las personas, compromete el crecimiento económico —al ahuyentar las inversiones y aumentar artificialmente los costos—, viola la
dignidad humana, y le roba a los más pobres las posibilidades de una vida mejor; sin dejar de mencionar, por cierto, el deterioro al que se ve sometida la democracia y el sistema legal.

 

El problema de la corrupción no es propio de determinados países o regiones del mundo, sino que se ve favorecido por circunstancias específicas. En el caso del sector de agua
potable y saneamiento, el poder desmedido de prestadores de servicios y de las autoridades —sobre todo locales—, las construcciones y contrataciones costosas de gran  escala, los múltiples niveles de decisión, la ausencia de la fuerza controladora de la competencia, son algunas de las circunstancias que contribuyen a generar un ambiente propicio para la falta de transparencia. Consustancial con estas condiciones se presentan circunstancias coadyuvantes, como en demasiados casos lo son una débil y escasa  institucionalidad gubernamental y judicial, o marcos regulatorios pobremente definidos.

La corrupción normalmente se define como “el abuso de la posición pública para obtener ganancias privadas”. Los casos que comprende van desde la exacción hasta conductas más sutiles como las contribuciones condicionadas a campañas electorales o la puerta giratoria entre administración pública y actividad privada. El concepto de corrupción se separa en dos conjuntos de conductas. Por una parte, encontramos la pequeña corrupción, que se refiere al intercambio de cantidades reducidas de dinero, para compensar favores menores o al empleo de amigos y parientes. Por la otra, aparece la gran corrupción que involucra a altas autoridades públicas en transacciones ilícitas.

Una de las formas para enfrentar estos problemas es integrar conceptos como transparencia, participación y rendición de cuentas a los procesos de planeamiento, toma de decisiones e implementación de las políticas públicas. Estas medidas deben ser incorporadas en el marco legal para darles estabilidad y continuidad en el tiempo. Sin embargo, corren el riesgo de transformarse en meras declaraciones, si no se empodera a la comunidad para exigir el aplacamiento de las conductas corruptas a través de mecanismos judiciales. Una clara manifestación de la seriedad de un país en la lucha contra la corrupción se encuentra en su estricto tratamiento de la regulación sectorial y del financiamiento de la actividad política, control de conflictos de interés y respeto al aparato público estable, profesionalizado, y adecuadamente renumerado. En paralelo a las medidas indicadas, surgen un gran número de iniciativas de fácil implementación por las comunidades, y que generan un impacto positivo en la prevención del fenómeno, como lo son las encuestas de corrupción, las evaluaciones participativas, leyes sobre reuniones abiertas, gobierno electrónico, capacitación a los medios de comunicación, regulación de conflictos de intereses, registro de lobistas, pactos de integridad, códigos de ética, etc.

Michael Hantke-Domas

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